28 Oct Hay evidencia de ejecuciones ilegales en Apatzingán y Tanhuato: HRW

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Existe evidencia de que en dos episodios ocurridos en el estado de Michoacán en 2015, en los cuales murieron al menos 50 civiles, miembros de la Policía Federal habrían cometido ejecuciones ilegales, señaló este miércoles 28 de octubre la organización Human Rights Watch.
Al menos ocho civiles murieron en la ciudad de Apatzingán el 6 de enero, luego de que miembros de la Policía Federal dispersaran un plantón de grupos de autodefensa ciudadana, y 42 civiles y un policía fallecieron en Tanhuato el 22 de mayo, cuando policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal. En ambos casos, varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos.
“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, expresó Daniel Wilkinson, director gerente de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Si bien el gobierno insiste en que la Policía actuó correctamente en ambos casos, los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”.
En ambos casos, la reacción del gobierno ha consistido en negar los señalamientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las víctimas como agresores. Más de nueve meses después de las muertes en Apatzingán, y a cinco meses de las ocurridas en Tanhuato, ningún policía ha sido consignado por actuación indebida en relación con ninguno de los incidentes.
Un hombre de 19 años que resultó herido en el incidente de Apatzingán le dijo a Human Rights Watch que policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos. Human Rights Watch obtuvo una declaración escrita de otro testigo y una entrevista grabada que un tercer testigo ofreció a un periodista que confirman esta versión. En una entrevista grabada, un médico que atendió a personas heridas durante el incidente declaró a los medios de comunicación que algunos policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello había muerto al menos una persona más.
En los días posteriores a los incidentes en Apatzingán, y cuando apenas había empezado la investigación oficial, Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad de Michoacán designado por la Presidencia, señaló que la mayoría de los ocho civiles que perdieron la vida habían muerto por el “fuego cruzado” provocado por las armas de los mismos civiles. También mostró un video que, según afirmó, demostraba que los policías habían sido atacados por civiles.
Posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación mexicanos, supuestamente para probar que los policías habían disparado en defensa propia contra agresores armados. Ocho meses después, cuando funcionarios de la Secretaría de Gobernación todavía empleaban el video para justificar el argumento de la “legítima defensa”, se reunieron con Human Rights Watch y proporcionaron una copia del mismo. Sin embargo, en el video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego.
En el caso de Tanhuato, un investigador de derechos humanos, que ha pedido que su identidad se mantenga bajo reserva, entrevistó exhaustivamente a tres personas que presenciaron los hechos. Según dijo el investigador a Human Rights Watch, las tres personas informaron que, después de la balacera inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial.
Asimismo, según le dijo el periodista Carlos Loret de Mola a Human Rights Watch, las pruebas recogidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán corroboran esa versión. Loret de Mola indicó haber revisado un documento oficial, que no fue difundido públicamente, en el cual se detallaban las conclusiones de la Procuraduría.
A pocas horas de las muertes en Tanhuato, Monte Alejandro Rubido, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, declaró a los medios de comunicación que miembros de la Policía Federal habían mantenido un enfrentamiento armado durante tres horas con una banda criminal. Rubido descartó la posibilidad de que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, y aseveró que el saldo desigual de civiles y policías muertos se debía a la “capacitación superior” de las fuerzas de seguridad.
En varios informes publicados a lo largo de la última década, Human Rights Watch ha documentado cientos de casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Estos casos ocurrieron en 12 de los 31 estados de México, que representan la diversidad geográfica y política del país.
El 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió las conclusiones preliminares de su visita in loco a México, en las cuales sostuvo que el país está atravesando una “grave crisis de derechos humanos”, y alertó sobre las ejecuciones extrajudiciales y el “carácter endémico de la impunidad para estos crimenes”. La reacción inmediata del gobierno mexicano fue minimizar las conclusiones del informe, aseverando que tiene “excesos” y que se había formulado a partir de una cantidad reducida de casos que “no reflejan la situación del país”.
“Ante evidencias de que se cometieron atrocidades, la respuesta del gobierno ha consistido en negar o restarle importancia a la magnitud al problema”, observó Wilkinson. “Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya”, comentó en referencia a dos conocidos casos recientes en México, “y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”.
En el caso de Tlatlaya, las autoridades insistieron durante varias semanas que la muerte de 22 personas por soldados, en junio de 2014, había sido producto de un uso legítimo de la fuerza en el marco de un enfrentamiento armado, hasta que la revista Esquire publicó declaraciones de una testigo que denunciaba múltiples ejecuciones extrajudiciales, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe que concluía que agentes del Ministerio Público del estado habían torturado a las testigos para que realizaran declaraciones falsas.
En el caso de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR), que debería haber iniciado una investigación oportunamente, esperó 10 días para comenzar a investigar la desaparición forzada de 43 normalistas a manos de policías en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Cuatro meses después, la PGR afirmó haber esclarecido el caso. Sin embargo, un año después de los hechos, un grupo de expertos independientes designado por la CIDH identificó gravísimos errores en esa investigación.
El grupo de expertos, conformado a través de un acuerdo de cooperación entre el gobierno mexicano y la CIDH, realizó una evaluación técnica de la investigación penal de las desapariciones de Ayotzinapa. El Presidente Peña Nieto prorrogó públicamente el mandato del grupo en septiembre. El 22 de octubre, la PGR y el grupo de expertos firmaron un acuerdo que establece las pautas para la cooperación en la investigación.
“Una y otra vez, el sistema de justicia de México ha demostrado ser incapaz o no querer que miembros de las fuerzas de seguridad respondan por los abusos que cometieron”, señaló Wilkinson. “Es posible que la única esperanza de que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente sobre lo ocurrido en Apatzingán y Tanhuato sea conformando una comisión independiente, similar al grupo de expertos que evalúa el caso Ayotzinapa”.

Ver el comunicado completo de HRW

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